La larga marcha del divorcio vincular.
Aunque la inmensa mayoría de los chilenos es partidaria de una ley de divorcio vincular, que termine con la farsa de las nulidades y enfrente con criterio moderno las consecuencias sociales de las rupturas matrimoniales, ha costado mucho que el Congreso legisle decisivamente la ofensiva desplegada por la Iglesia Católica en contra de esa idea, lo que ha incluido una fuerte presión sobre los parlamentarios que profesan la fe católica.
Uno de los últimos intentos eclesiásticos por bloquear la aprobación de la nueva ley de matrimonio civil fue la proposición de establecer dos tipos de matrimonio, de modo de obligar a las parejas a optar en el momento de casarse entre uno de carácter indisoluble y otro abierto a la posibilidad de divorcio. La indicación, patrocinada por los senadores Andrés Chadwick (UDI) y Sergio Romero (RN), que desafiaba el principio de igualdad en la aplicación de las leyes, fue rechazada por 31 votos a 12 en la sesión del miércoles por la sala del Senado.
Esa mayoría hace pensar que se acerca el momento en que la sociedad chilena tendrá una ley de divorcio. Y permite poner en perspectiva lo resuelto el día miércoles anterior, cuando, por 27 votos contra 16 se aprobó el artículo 21, que permite que los matrimonios celebrados ante las iglesias que cuentan con personalidad jurídica (aproximadamente 200) puedan ser inscritos, en un plazo de 8 días, ante el registro civil.
El cambio es más bien de carácter simbólico. Para todos los efectos legales, lo que cuenta es el matrimonio ante el oficial del registro civil.
El debate en torno al divorcio se vincula por cierto a la mantención del carácter laico del Estado. Esto implica defender la noción esencial de que las leyes son iguales para todos y que no pueden discriminar, por ejemplo, entre creyentes y no creyentes.
Esperemos que, al término de la tramitación del proyecto, el país pueda contar con una ley que ayude a resolver los problemas actuales y no a generar otros nuevos. Existen, por ejemplo, razonables dudas sobre los plazos para hacer efectivo el divorcio: 3 años para las decisiones consensuadas, y 5 para las unilaterales. ¿Es realista? ¿No conducirá a prolongar ciertos dramas?
Es válido que haya regulaciones, pero no tiene sentido poner más obstáculos a quienes quieren rehacer su vida después de una ruptura matrimonial. Plazos como los que se discuten pueden hacer más engorroso el proceso y más largo el calvario de algunas personas.
Nuestro país luce hoy modernizaciones en diversos campos, pero en este, que se refiere a las relaciones humanas, no ha podido despegarse de los criterios conservadores. Para tener una sociedad más adulta, necesitamos terminar con tal incongruencia.