Reconocimiento del matrimonio religioso.
Una de las discusiones más interesantes que se han dado en torno al proyecto de ley de divorcio es la relativa a su artículo 21, que consagra el reconocimiento civil de la celebración del matrimonio religioso, cuya mantención en el texto legal fue confirmada por 27 votos a favor y 16 en contra en la sala de la Cámara Alta.
Desde la perspectiva de los principios, no deberían existir objeciones a que la ley civil dé valor a la ceremonia religiosa por la cual dos personas contraen matrimonio, habida consideración de que se trate de un culto reconocido por el Estado y que se cumplan los requisitos que la ley contempla para tal celebración. El representante de la Iglesia actuaría como un ministro de fe civil, como ocurre en otros países. Una alternativa más osada, y ciertamente más a la luz del viejo principio de la separación entre Iglesia y Estado, sería la del reconocimiento civil de los efectos del matrimonio religioso, que daría lugar a tantos estatutos matrimoniales como cultos reconocidos por el Estado.
La norma aprobada por el Senado es aun menos pretenciosa que la primera de las situaciones anteriores, por lo que, desde luego, no constituye una amenaza a los principios, aunque sí conlleva varios problemas de orden práctico y deja abiertas dudas sobre su utilidad o posibles ventajas. De acuerdo con ella, las personas podrán casarse según el rito de su propia religión –si está dentro de las cerca de 200 que tienen personalidad jurídica reconocida por el Estado-, pero para que el consentimiento tenga valor civil los contrayentes deberán, no después de ocho días, concurrir personalmente al Registro Civil para inscribir el certificado de matrimonio religioso y ratificar su consentimiento, debiendo verificarse el cumplimiento de los requisitos legales.
Como se aprecia, en los hechos la situación no varía mucho de la situación actual, y ni siquiera puede hablarse con propiedad de un real reconocimiento civil de la ceremonia religiosa. Incluso la ministra del Sernam señaló que la aprobación del artículo 21 sólo tiene un carácter “simbólico y testimonial”, y que “la fuerza de la costumbre y la tradición chilena harán que la gente se siga casando primero por el civil y luego por la Iglesia”. Además, debido a que la norma puede prestarse para confusiones y engaños, lo más probable es que el reglamento que se dicte a su respecto tienda a reforzar la importancia del trámite civil.
En definitiva, tal como lo han reconocido algunos senadores que votaron a favor de la norma, ésta sólo se explica por ser la moneda de cambio necesaria para que se aprobara la ley de divorcio.