Un matrimonio civil para los tiempos actuales.
Desde hoy está vigente en Chile la nueva ley de matrimonio civil, uno de los cuerpos legales que más controversia y debate público han generado. Y esto ha ocurrido tanto por la impaciencia con que muchos sectores lo esperaban como por los temores e inquietudes que provocaba en muchos otros. 
Ya eliminada la ficción fraudulenta de la nulidad por incompetencia del juez (ahora el matrimonio sólo es nulo en caso de impedimento psíquico, cuando no hay libre consentimiento de las partes o si los testigos no son válidos), las personas podrán divorciarse por razones que se clasifican en causales graves, como maltrato o alcoholismo, por mutuo consentimiento e, incluso por voluntad unilateral. Esta última, como era de esperar, fue la más polémica.
Es normal y saludable que cualquier legislación que modifique en forma sustantiva la relación matrimonial sea ponderada con particular cuidado. Por eso, más que discutir sobre si su génesis fue excesivamente larga –más de 10 años en el Congreso- es importante destacar que se trata de una ley que, en parte gracias a lo extenso de su discusión, al parecer no omite ningún aspecto relevante (aunque eso, en rigor, sólo lo confirmará la experiencia).
La familia sigue siendo vista cono el núcleo de la sociedad y de ello da prueba el que se hayan considerado medidas para salvaguardarla, desde clases para los novios a protección económica del más débil en caso de separación y hasta todo un sistema de medicación orientado a resolver amigablemente disputas (incluso a reconciliar a las partes) que entrará en octubre de 2005.
Quizás lo más importante es que la ley se hace cargo de una cuestión indesmentible: el divorcio de hecho fue siempre una realidad en Chile, por lo que el Congreso se pone al día con una realidad social de larga data. Dicha exigencia es, por cierto, coherente con una serie de cambios socioculturales que el país ha experimentado en las dos últimas décadas. En el Chile de hoy, las familias consideradas tradicionales, es decir, aquellas conformadas por padre, madre e hijos, ya no son la abrumadora mayoría; la sexualidad ya no es un tema que se trate en susurros, sino que se ventila en forma cada vez más pública; las minorías de todo tipo no son vistas de la misma forma que antaño (si bien la tolerancia dista mucho aún de ser un valor universalmente practicado); el progreso económico y la modernización del país imponen el contacto con sociedades muy distintas a las nuestras; la misma consolidación democrática supone una aceptación implícita de la diversidad de opiniones y una población dispuesta al debate, características que no siempre han predominado, como lo evidencia nuestra historia política reciente.
En suma, en un país que hoy se muestra al mundo en foros tan importantes como la APEC y cuyo discurso público valora la transparencia, resultaba incongruente contener una legislación sobre el matrimonio que alentaba el fraude judicial de las nulidades y que no reconocía la realidad de miles de chilenos cuyos matrimonios, por diversas causas, habían fracasado, y que no tenían la posibilidad de formar legalmente nuevas familias que contaran con garantías para las nuevas parejas e hijos. Esta ley, entonces, no representa la victoria de una posición valórica sobre otra, sino el necesario reconocimiento de que el matrimonio, como otras instituciones, está sujeto a los cambios del devenir de las sociedades.